El vicepresidente de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, y la consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, Isabel Elizalde, se han reunido hoy jueves en Madrid con la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, con la intención de analizar entre ambas administraciones el impacto que tendría la ampliación del Canal de Navarra hasta la Ribera en la situación económica y financiera de Canasa, la empresa pública participada por ambas administraciones (el Estado al 60% y Navarra al 40%) para la construcción de la mencionada infraestructura.
Como es sabido, el Gobierno de Navarra se ha comprometido a garantizar el abastecimiento de agua de boca y riego a la Ribera. La estructura de transporte de esa agua sería similar a la solución utilizada en los ramales del Ega y Arga, es decir, una conducción soterrada con una capacidad de entre 10 y 15 m3/seg. El Ejecutivo foral ha descartado el canal a cielo abierto, por su coste y su mayor impacto medioambiental.
Navarra propone que el Estado se comprometa y ajuste su compromiso financiero al que ya hoy realiza en Canasa la Administración foral, para poder paliar la crítica situación financiera y abordar la actuación futura, ya que los ingresos generados por esta sociedad están siendo “muy inferiores” a los previstos.
Cabe recordar que Navarra ha asumido, al margen de Canasa, la financiación íntegra de los ramales del Ega y del Arga, actualmente en construcción, con 28 millones de euros. Asimismo, el Ejecutivo foral a día de hoy está asumiendo un préstamo de 77 millones de euros entre los años 2014 y 2026, del que ya ha aportado hasta la fecha 25,5 millones de euros. Asimismo, en su día, cedió los derechos de uso de las centrales hidroeléctricas del canal a Canasa.
Así, el Gobierno foral, para acometer las obras de la segunda fase del Canal de Navarra, ha propuesto que el Gobierno central haga un préstamo a Canasa, respetando la proporción societaria del 60/40, con un calendario de disposiciones y de amortizaciones coherente con este principio.
El vicepresidente Ayerdi y la consejera Elizalde, han mostrado también durante la reunión la implicación del Gobierno de Navarra con el Canal, “que trasciende la ya muy importante aportación del 40% del capital de Canasa y los préstamos comprometidos”, puesto que una gran parte de las inversiones en las zonas regables están siendo costeadas por el Gobierno foral, en concreto el 90% de la infraestructura desde las tomas del canal hasta los hidrantes y, aproximadamente, un 30% del equipamiento de las parcelas. Una implicación, por tanto, han asegurado, “fundamental y muy relevante, tanto cualitativa como cuantitativamente”. Además, la continuidad del proyecto hacia la Ribera conllevaría nuevos compromisos económicos para abordar las instalaciones de las parcelas de la zona regable.
Por otra parte, Ayerdi y Elizalde han recordado la necesidad de garantizar el abastecimiento y la viabilidad a los actuales y futuros usuarios, ya que ellos soportan el 50% del coste de la infraestructura.
Ingresos menores a los previstos
Los ingresos previstos por Canasa eran de una triple naturaleza: cánones por el consumo de agua para boca, cánones por el consumo de agua para riego, e ingresos por la venta de la electricidad generada en las dos centrales construidas. No obstante, según han manifestado Ayerdi y Elizalde, los ingresos están siendo “muy inferiores a los previstos”.
Por este motivo, el Gobierno de Navarra cree que se debe considerar el impacto que tendría la continuidad del Canal en la situación financiera de Canasa y ha trasladado al Gobierno del Estado una propuesta que podría facilitar la viabilidad económico-financiera de la misma.
Ambas administraciones han acordado seguir avanzando en el diseño de la continuidad del Canal hasta la Ribera, en el marco de la empresa pública Canasa. Desde el Gobierno de Navarra se aportarán las conclusiones derivadas de la última fase de contraste con los usuarios, tanto de boca e industria como de riego, para llegar a la definición de la solución final, “que debe pasar por la viabilidad económica del proyecto, tanto para los usuarios como para Canasa”, tal y como han manifestado el vicepresidente Ayerdi y la consejera Elizalde.
En la reunión también han participado la secretaria de estado de Medio Ambiente, María García; la directora general del Agua y presidenta de Canasa, Liana Ardiles; y la directora de gabinete de la ministra, Begoña Nieto.
