En el sistema eléctrico peninsular coexisten simultáneamente mercados sin regulación -donde los agentes económicos (productores y comercializadores) fijan los precios mediante mecanismos de oferta y demanda- y actividades reguladas -en la que los consumidores adquieren la electricidad a compañías distribuidoras por un precio regulado administrativamente: las tarifas eléctricas-.
La tarifa se fija por el Gobierno en la última semana de cada año y está en vigor durante todo el año siguiente. El déficit se produce cuando el dinero recaudado a través de la tarifa no alcanza para cubrir los costes determinados en el mercado, más los llamados costes regulados que incluyen los de transporte y distribución de electricidad, los llamados costes de suministros... Cuando esto ocurre, la diferencia la saldan (anticipan) las compañías productoras que tienen derecho a recuperarlas en años posteriores. Las compañías reflejan el déficit en sus cuentas de resultados como si fuera un préstamo a la tarifa eléctrica. Pero es obvio que sigue siendo un enigma que en años de dificultades (manifestadas en la existencia de déficit) las compañías se forren en un marco de competencia.
La explicación oficial a esta situación es que se trata de mercados poco competitivos y, por ende, la solución sería introducir más competencia.
Ha quedado evidenciada la necesidad de modificar el aberrante marco legal actualmente en vigor. El axioma de mercado que optimiza precios ha saltado por los aires y son bien visibles las presiones de agentes económicos concretos que pugnan por el reparto del pastel.
