En una sentencia pionera en España, el Tribunal Supremo obliga a las comunidades autónomas a aprobar planes de calidad del aire para reducir el ozono. La falta de un Plan Nacional específico para combatir el ozono troposférico ha sido durante años la coartada de muchas Comunidades Autónomas para incumplir sus obligaciones legales en materia de protección del medio ambiente y la salud pública.
El ozono troposférico, también conocido como ozono “malo” por contraposición al de la estratosfera, es un contaminante secundario producido por la reacción entre el dióxido de nitrógeno y los hidrocarburos emitidos por el transporte y algunas industrias, en presencia de radiación solar. Por inhalación, provoca irritación de los ojos y vías respiratorias superiores, reducción de la función pulmonar, un incremento del riesgo de enfermedades respiratorias agudas y el agravamiento de patologías cardiovasculares, con resultado de hospitalización o muerte.
La Agencia Europea de Medio Ambiente estima entre 1.500 y 1.800 las muertes prematuras anuales en España producidas como consecuencia de la exposición a niveles de ozono como los registrados habitualmente en verano en el centro y sur de España. El ozono, además de para las personas, es tóxico para la vegetación, dañando los bosques y reduciendo la productividad de los cultivos.
