La Ley 11/1997, estableció el régimen jurídico aplicable a los envases. Para la gestión de los mismos, la ley preveía que los envasadores-productores pudiesen optar entre establecer un sistema de Depósito, Devolución y Retorno o bien, participar en un Sistema Integrado de Gestión (SIG), eligiendo estos este último menos eficiente y controlable. Es un sistema obsoleto, opaco, caduco, sin pensar en el elevado abandono de envases en la naturaleza.
Estos Sistemas de Gestión, que tendrían como finalidad la recogida de envases usados y residuos de envases en el domicilio del consumidor, se materializó por parte de los generadores de envases en las empresas encargadas de la gestión Ecovidrio y Ecoembes. En estas empresas integran en el consejo de administración Coca-Cola, Pepsi-Co, Nestlé, Danone etc.
Los generadores de envases-residuos se hacen cargo de sus desechos, como lo contempla la ley, pero en la práctica se puede comprobar que no es así. La mala gestión de esos Sistemas Integrados, beneficia descaradamente a los generadores de residuos y es la ciudadanía quien está pagando más de lo que debe por un servicio, cuya regulación exige “que ha de ser cubierto por las empresas que ponen en el mercado un producto envasado”.
Los consumidores pagamos por el servicio de la gestión del residuo-envase en el precio del producto, cuando tendría que abonarlo la empresa generadora y restar dicho valor de sus ganancias y lo pagamos por la gestión de los residuos que realizan las instituciones (Ayuntamientos, Concejos, Mancomunidades…).
De los envases que se ponen en el mercado, dos tercios aproximadamente no van al contenedor correspondiente y quedan abandonados. El resultado es que si un envase es arrojado al medio, a la vía pública, a un contenedor inadecuado o a una papelera, debe ser recogido por los servicios públicos a cuenta de la ciudadanía. Es decir, en dos de cada tres envases se paga dos veces por su gestión.
