Carlos Sebastián, Catedrático de Economía y Consejero de Abengoa, afirmó que la economía española siempre ha tenido un grave problema de productividad, incluso en la época dorada de la economía, y que la Administración pública sufre un grave problema de calidad regulatoria.
Así lo expuso el jueves 26 de marzo en Pamplona en la sexta conferencia del ciclo “Respuestas ante la crisis”, organizado por Institución Futuro con la colaboración de varios Medios de Comunicación y Confederación de Empresarios de Navarra. El ponente fue presentado por José Antonio Sarría y Emilio Huerta, vicepresidente y director respectivamente de Institución Futuro.
Uno de los asuntos en los que más hizo hincapié Carlos Sebastián fue el atraso creciente de la productividad: “aunque hemos convergido con varios países en renta per cápita, hemos tenido un grave retraso en productividad y hemos divergido con la Unión Monetaria Europea”. La productividad total de los factores (la proporción en la que se consigue aumentar el producto sin necesidad de aumentar el capital y el trabajo) España ha decrecido en términos absolutos, “pero no se lo he oído decir a mucha gente, menos aún a los políticos”.
Las razones por las que, según el Catedrático de Economía, ha ocurrido este hecho, ha sido una grave falta de incentivos. La aplicación de I+D, o lo que es lo mismo, la adopción de tecnologías en ciertos sectores, no es menos difícil que en otros países, las tecnologías están disponibles para todos los países de Europa occidental por igual. “Pero en España no se han adoptado o se ha hecho con más lentitud porque las instituciones formales e informales no lo han fomentado”.
Al referirse a la falta de incentivos, el ponente citó como primer problema las leyes y regulaciones actuales: si son muy pesadas o si limitan la actividad humana y crean restricciones, lo que hace que la sociedad no sea creativa ni innovadora. Además, “el cómo funciona el Estado y las Administraciones públicas, y cómo funcionan los que aplican estas leyes, es clave a la hora de aplicar regulaciones, donde España tiene un retraso considerable”. Otro factor condicionante es el grado de cumplimiento de las leyes (la justicia, los organizamos de apelación y de arbitraje), “porque si, por ejemplo, la incertidumbre de cobro es muy alta en algunos países, las empresas no operarán en esos mercados”. Otros aspectos mencionados fueron el funcionamiento de la clase política, el funcionamiento de los mercados (si son más o menos competitivos) y los códigos de conducta. “Todos estas instituciones son la causa del desarrollo o subdesarrollo, eso nadie lo pone en duda”.
Sobre el ponente
Para corroborar su tesis, Carlos Sebastián apeló varias investigaciones. Una de ellas fue el Doing Business, elaborado por el Banco Mundial, y que determina que España está en el puesto 24 de un total de 28 países de la OCDE en lo que a facilidad de hacer negocios se refiere. “En nuestro país es donde la contratación laboral es más ineficiente y donde más días se tarda en empezar una empresa”. Los datos recogidos en la Executive Opinion Survey, elaborada por el World Economic Forum, apuntaban que, para los empresarios españoles, los aspectos más negativos son la falta de flexibilidad de contratación y despido, los favoritismos en las decisiones de los funcionarios públicos, la poca confianza en los políticos y la carga burocrática de la Administración. Por último, un estudio de la Fundación Ramón Areces recalcaba que para más de la mitad de los empresarios encuestados, los principales obstáculos percibidos eran la tramitación de permisos, la ausencia de coordinación en la Administración y el funcionamiento de la justicia.
El Consejero de Abengoa abogó por reformar la Administración pública para poder corregir el problema del modelo económico que tenemos, “que no se arregla con más gasto en I+D o reduciendo los costes de despidió, porque es un problema de funcionamiento institucional”. Para corregirlo, apostó por crear incentivos para que aumente la productividad del funcionariado.
Otro aspecto que el Catedrático de Economía quiso subrayar fue la presencia de conductas irregulares extendidas y toleradas por muchos. “Los valores y códigos de conducta condicionan la interpretación de las leyes, la conducta de los funcionarios y los incentivos que reciben los empresarios”, pero en España existe un limitado rechazo de la corrupción y no se castiga electoralmente a las personas que han cometido irregularidades en los cargos públicos. “El modelo de triunfador social que se tiene en un país determina la asignación de talento, y en estos momentos el empresario innovador no es un modelo en este país”.
Preguntado por el papel de la educación, señaló que el problema fundamental es la poca valoración social del enseñante. Añadió que la educación no ha de enfocarse a enseñar técnicas, sino que ha de crear gente con capacidad de pensar. Concluyó con la idea de que España necesita una ampliación y dignificación de la Formación Profesional, tal y como sucede en otros muchos países europeos.
