Los productos fitosanitarios («plaguicidas») se utilizan para proteger los cultivos contra organismos nocivos, plagas y enfermedades. Incluyen insecticidas, fungicidas y herbicidas, que pueden afectar al medio ambiente y plantear riesgos para la salud humana. Desde 1991, la UE ha tenido normas comunes sobre su autorización y uso, y en 2009 aprobó la Directiva sobre el uso sostenible de los plaguicidas. Los auditores evaluaron si la acción de la UE en este ámbito ha sido satisfactoria.
Varios Estados miembros se retrasaron en incorporar la Directiva a la legislación nacional, y en 2012 se iniciaron procedimientos de infracción contra dos de ellos. Los auditores también constataron que la Comisión Europea no había verificado adecuadamente la integridad y la exactitud de la transposición de la Directiva. Por ejemplo, no todos los Estados miembros incorporaron a la legislación nacional el requisito de que los agricultores aplicaran la gestión integrada de plagas. Sin embargo, reconocen los auditores, desde 2016 la Comisión ha tomado más medidas para hacer aplicar la Directiva sobre el uso sostenible de plaguicidas.
Junto con la Directiva, se ha hecho obligatoria para los agricultores la gestión integrada de plagas, que supone la utilización de plaguicidas únicamente cuando la prevención y otros métodos alternativos no funcionen o no sean eficaces. Sin embargo, no existen criterios claros ni requisitos específicos que sirvan para garantizar la aplicación y evaluar el cumplimiento de la Directiva. Paralelamente, se ha creado una categoría de «productos fitosanitarios de bajo riesgo», pero hasta la fecha, solo se han puesto a disposición 16 de las 487 sustancias, es decir, el 3 %, lo cual es insuficiente, según los auditores.
También señalan que los agricultores no tienen incentivos para reducir su dependencia de los plaguicidas. En particular, la aplicación de la gestión integrada de plagas no constituye una condición para recibir los pagos de la PAC, observan los auditores.
«La Comisión Europea hasta ahora no ha podido reducir y controlar sustancialmente los riesgos asociados al uso de plaguicidas por los agricultores», señala Samo Jereb, Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable del informe. «La nueva política agrícola común que entrará en vigor en 2021 ofrecía una oportunidad para abordar esta cuestión de manera adecuada, que lamentablemente se ha desaprovechado».
Los auditores observaron que las estadísticas sobre sustancias activas y su utilización publicadas por la Comisión Europea (Eurostat) no eran lo suficientemente detalladas para resultar útiles, y los datos facilitados por los Estados miembros tampoco estaban suficientemente armonizados o actualizados.
Por último, aunque algunos Estados miembros han elaborado indicadores nacionales para medir riesgos e impacto, no son comparables en toda la UE. Los intentos iniciales de la Comisión de desarrollar indicadores de la UE no fueron satisfactorios debido a la falta de datos. Los dos primeros indicadores de riesgo a escala europea no se introdujeron hasta noviembre de 2019, diez años después de la aprobación de la Directiva, y ninguno de ellos tiene en cuenta cómo, dónde y cuándo se utilizan los plaguicidas. Por consiguiente, la Comisión todavía carece de una base de pruebas sólida para evaluar si la Directiva ha logrado el objetivo de la UE de que el uso de los plaguicidas sea sostenible, concluyen los auditores.
Ahora que la Comisión evalúa la legislación de este ámbito político en un contexto de creciente preocupación pública y parlamentaria, los auditores recomiendan:
- Verificar la gestión integrada de plagas en las explotaciones
- Permitir que la gestión integrada de plagas se vincule a los pagos en el marco de la nueva PAC
- Mejorar las estadísticas sobre los productos fitosanitarios
- Elaborar mejores indicadores de riesgo
