Tudela

Vertido tóxico en el río Alhama

El pasado 17 de septiembre la sociedad pública NILSA, adscrita al Departamento de Administración Local del Gobierno de Navarra, detectó un vertido anómalo en la depuradora de agua de Cintruénigo. En concreto, el agua filtrada por la depuradora presentaba unos niveles de Demanda Química de Oxígeno (DQO) de 45.000, cuando el índice normal es de 700. Tras esto, NILSA paralizó la actividad de la depuradora, cuya capacidad es insuficiente para hacer frente a un vertido de esas características.

A partir de ese momento, la investigación se centró en conocer la procedencia del vertido y, tan solo dos días más tarde, se supo que la responsable era una de las bodegas de la localidad cirbonera, con cuyos responsables se pusieron en contacto para solicitarles que voluntariamente (NILSA no tiene capacidad sancionadora) les facilitaran muestras para su posterior analización, pero se negaron.

La situación se agravó cuando el pasado 1 de octubre algunos agricultores de la zona observaron cómo los trabajadores de la bodega vertían sustacias directamente en las aguas del río Alhama, hechos que denunciaron ante la confederación hidrográfica. Tras esta denuncia formal, a principios de la semana pasada NILSA volvió a establecer conversaciones con la bodega para solicitarles de nuevo las muestras, solicitud que finalmente aceptaron. Desde NILSA quieren tranquilizar a la población de las localidades afectadas, sobre todo Corella y Cintrúenigo, de que lo que ha originado los niveles de toxicidad en el agua es materia orgánica y biodegradable, es decir, no existe ningún elemento químico disuelto en las aguas del Alhama, sino una sustancia muy ácida, cuya presencia puede estar relacionada con la época de cosecha y de elaboración del vino en fechas pasadas que no se ha filtrado en ningún momento a las aguas destinadas para el consumo humano, sino a las aguas residuales que van directamente a la depuradora.

La depuradora de Tudela se hará cargo ahora del vertido, a la espera de que Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica decidan si hay o no sanciones.