Resulta sorprendente comprobar un día tras otro qué es lo que realmente está sucediendo con nuestra administración y como paradójicamente con el discurso dominante de reducción del gasto público y de contención en los gastos de personal, convive y crece la participación del sector privado en el negocio de los servicios públicos.
El Instituto Nacional de Estadística, adjudica a la unión temporal de empresas, UTE TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA y COMUNICACIONES e INDRA BMB, la “Grabación y depuración de los cuestionarios en papel de los Censos de Población 2011”.
En este contrato, formalizado en el mes de agosto por un importe de 4.392.696,66 €, la empresa adjudicataria grabará y custodiará durante más de año unos 900 mil cuestionarios en papel del próximo Censo de Población con información de los hogares españoles sobre datos demográficos de sus ocupantes como residencia, formación, ocupación y situación laboral, etc. recogidos en un cuestionario de 20 páginas que los ciudadanos, entre otras opciones, podrán devolver cumplimentado por correo postal.
En primer lugar, nos preocupa muy mucho el tratamiento de la información contenida en estos cuestionarios. Esta información personal, protegida por el secreto estadístico, entendemos que no debería salir del ámbito de la administración pues, por muchas cláusulas de confidencialidad que se incluyan en los contratos públicos, la mejor garantía de confidencialidad está en que la propia administración controle y custodie directamente estos cuestionarios y NO a través de empresas privadas. Lamentablemente esta práctica se está convirtiendo en habitual en el INE como ya hemos denunciado con algunas encuestas especialmente sensibles como es la Encuesta de Salud.
Ya el INE hace tiempo fue inspeccionado por la Agencia Española de protección de datos, y entre las recomendaciones que entonces se les hacían figuraba que “el acceso a los datos personales por cuenta de terceros para la prestación de servicios deberá ser adecuado, pertinente y no excesivo”, asimismo informaba o advertía que “numerosas empresas (alguna de las cuales incluso ha sido sancionada por infringir la propia Ley de Protección de Datos) han venido a estar en posesión de la totalidad o gran parte de los ficheros del INE, que contienen millones de datos de españoles y residentes en España”.
Por otro lado, estos contratos suponen más privatización en la administración, más negocio para el sector privado, más renuncia al empleo público. La administración está obligada a la realización de trabajos, en este caso el Censo de Población, y lo que se está dilucidando es si este trabajo se realizará por la propia administración, con empleadas y empleados públicos, o si por el contrario convertiremos la administración en un entramado de empresas que utilizarán los servicios públicos para hacer negocio. Nos preguntamos cuántos contratos laborales, aunque sean temporales, se podrían formalizar a un coste más bajo, con los más de 4 millones de euros que cuesta esta externalización.
Desde CCOO no descansaremos en denunciar qué se esconde realmente tras el ataque que sufren las trabajadoras y trabajadores públicos y en poner en conocimiento de la ciudadanía a quién está realmente entregando sus datos personales cuando cumplimenta un documento de la administración, por mucho que en los membretes figura el logotipo oficial.
