En el último Pleno municipal se aprobaba por mayoría absoluta la disolución de la Junta Municipal de Aguas de Cintruénigo, un organismo municipal autónomo con más de 60 años de antigüedad en el que, además de miembros de la Corporación, estaban representados tres vecinos. Se abstuvieron los dos ediles de APC, votando a favor el resto de la Corporación.
La alcaldesa señaló que esta decisión había que tomarla con “harto pesar de la mayoría de los concejales que veíamos la utilidad de la misma y que por una mala gestión del alcalde anterior y el entonces Secretario interino, nos hemos visto en la obligación de disolverla.” Según explicó más adelante, el problema era que la tramitación del último expediente para la realización de la 6ª fase de renovación de redes, cuya primera parte tendría que estar ya concluida y todavía no se ha empezado, no se había hecho nada en regla y ahora sobre un presupuesto de un millón de euros que contempla el proyecto aprobado por mayoría absoluta con los votos en contra del grupo socialista, el Ayuntamiento iba a perder 90.000 euros en concepto de IVA, por lo que en aras a beneficiar el bien general de la población, era preciso disolver este organismo y pasar directamente a ser gestionado por el propio Ayuntamiento, siendo este el que asuma todas las competencias en cuanto a cuentas débitos y gestión económica en general. Aprovechó la alcaldesa para dar las gracias a los tres vecinos del pueblo que han formado parte de la Junta de Aguas dedicando su tiempo sin percibir nada a cambio.
La representante del PP señalaba que no quedaba otro remedio, algo que también señaló el concejal de ICC para el que esta decisión era una pena y pidió que se delimitaran responsabilidades políticas por la mala gestión que en su día se hizo. Para el representante de APC Gregorio Francés esta disolución venía determinada por un cúmulo de despropósitos llevados a cabo por el anterior equipo de gobierno municipal, señalando que ahora tocaba disolver la Junta para no perder 350.000 euros del proyecto global que es de 3 millones.
La socialista Natalia Martínez señaló que el informe de la Cámara de Comptos sobre el 2011, les había dado la razón, a lo que la alcaldesa replicó que por su culpa se había llegado a esta tesitura y que el PSN se había cargado la participación vecinal.
