Una de las consecuencias inmediatas de la nueva norma es que el 1 de enero de 2006 no se podrá fumar en los centros de trabajo, ni públicos ni privados, salvo en los espacios al aire libre.
Bares y restaurantes
La ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo se aprobará definitivamente por el Congreso el próximo 15 de diciembre y está previsto que entre en vigor el 1 de enero de 2006. La norma ha sido aprobada por el Senado, cámara en la que el Partido Socialista no tiene mayoría, por lo que todo apunta a que en último trámite para su aprobación, el PSOE realizará alguna modificación. En el preámbulo del proyecto de ley se señala que el consumo de tabaco constituye uno de los principales problemas para la salud pública y se apunta que como consecuencia del tabaquismo fallece en España cada año un número de personas que representa el 16% de todas las muertes ocurridas en la población mayor de 35 años. Asimismo se destaca que hay evidencias científicas de que el humo del tabaco en el ambiente es causa de mortalidad, enfermedad y discapacidad. Según se afirma en el proyecto de ley éstas son algunas de las razones que han llevado al Estado a regular el consumo de tabaco.
Sanciones
Los locales que dispongan de una superficie útil destinada a clientes o visitantes igual o superior a cien metros cuadrados podrán habilitar una zona para fumar; pero aquellos que no dispongan de este espacio tendrán que optar por permitir fumar en su interior o prohibirlo totalmente. En cualquiera de los casos habrá que colocar una señalización adecuada a cada decisión. En cuanto al plazo para que los bares y restaurantes establezcan zonas para fumadores y no fumadores, la ley ,por ahora, fija un plazo de 18 meses desde su entrada en vigor, pero quizá finalmente se reduzca hasta los 8.
Estancos
Las multas aplicables en caso de incumplimiento del nuevo texto legislativo varían desde los 30 hasta los 600 euros para las faltas leves ; de los 601 hasta los 10.000 en el caso de las infracciones graves; y de los 10.001 hasta los 600.000 para las muy graves. Las propias comunidades autónomas se encargarán de las funciones de inspección y control del cumplimiento de la ley, así como de la imposición de las sanciones.
