“Desde el departamento de Derechos Sociales queremos desmentir que se haya producido un motín en el centro de menores de Marcilla”. “Ha habido un incidente con un joven que, tras la rotura de un cristal, se ha hecho un corte que ha necesitado un traslado al hospital. Agentes de Policía Foral se han trasladado al lugar y la situación ha vuelto a la normalidad”. Estos fueros los mensajes publicados por el departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra el martes por la noche en su cuenta de Twitter en respuesta a la información difundida por la Policía Foral el mismo día. El cuerpo policial había informado de un grave incidente en el COA de Marcilla en el que se había producido un “motín”. "Eso es incierto ya que fueron hechos graves en los que los propios trabajadores, según sus palabras, se estaba produciendo un motín", ha afirmado la Policía Foral desde su comunicado emitido hoy. El martes informaron de que un menor se había autolesionado y otro se encontraba en el suelo con una herida abierta en la cabeza mientras una decena de menores estaban lanzando objetos por las ventanas. Al incidente acudió la patrulla actuante que “al verse desbordada tuvo que movilizar recursos sanitarios y pedir más efectivos policiales para restablecer el orden en el centro”, ha declarado el sindicato.
El partido de Remírez, el PSN, declaró también el martes que “ante un colectivo vulnerable se debe actuar con responsabilidad y no generando falsos relatos que lo único que pretenden es sembrar el miedo en la localidad”. La parlamentaria respaldó a Derechos Sociales para afirmar que “no se produjo ningún motín” y pedir que “cuando se hagan valoraciones de este tipo se tenga en cuenta que se habla de un colectivo con una casuística particular que está viviendo una situación muy compleja”. A lo que el sindicato de la Policía Foral ha respondido: “No hay duda de que los internos necesitan protección y ayuda, pero eso no implica que el Gobierno de Navarra pueda ocultar la verdad a los ciudadanos”.
Desde CSIF/SPF critican el hecho de que "los máximos responsables políticos en la protección de los menores minimicen la entidad de lo ocurrido este pasado martes en el centro que sólo lo diferencia de otros acaecidos recientemente por su trascendencia mediática”. Y añaden que sus intervenciones allí son habituales desde la apertura del COA en julio de 2019, las cuales se han incrementado notablemente desde comienzos de 2022, solo en el mes de abril han contabilizado más de veinte incidentes. “La mayor parte desarrollados dentro del recurso y relacionados con traslados a otros centros por desajustes conductuales, problemas con el consumo de estupefacientes, agresiones y robos, cuyas víctimas principales son otros menores o los propios trabajadores”, detallan.
Asimismo, el CSIF/SPF ha aprovechado para denunciar como, “de forma inexplicable”, se ha convertido en norma que las patrullas sean utilizadas a modo de taxi para trasladar a los menores de un centro a otro o para retornarlos cuando se escapan de los mismos. Ya que, según explican, “tiene consecuencias directas sobre las funciones y el servicio de seguridad pública que presta la Policía Foral”.
Por último, han querido subrayar que el cuerpo denuncia “cualquier orientación que pretenda estigmatizar a los usuarios del centro, cuya necesidad de protección es legal y moralmente imperativa, pero que parece limitarse únicamente por parte de la Administración a contenerlos hasta su mayoría de edad en estos centros, desbordados por el incumplimiento del ratio entre educadores y menores, sin programas que intervengan individualizadamente sobre los factores de riesgo y sin seguimiento de dichos menores cuando éstos abandonan el centro”. A lo que suman su exigencia de que el Ejecutivo corrija las deficiencias que han señalado y “atienda debidamente sus obligaciones, tanto con estos menores en desprotección, como con el resto de servicios a su cargo, incluida la Policía Foral”.
