El juez ha estimado la acusación de prevaricación que contra el alcalde de Corella, Ramón Jiménez, realizará la acusación particular (el ex concejal de UPN Benito Jiménez) y el Ministerio Fiscal, que solicitan ocho años de inhabilitación para cargo público.El juez tomó esta decisión la semana pasada tras tomar declaración a todas las partes implicadas y ha solicitado al alcalde una fianza de 5.200 euros que abonará estos días, si bien sus abogados la han recurrido.
Benito Jiménez presentó una querella contra todo el equipo de gobierno, pero el juez ha centrado las acusaciones únicamente en el alcalde. Los hechos se remontan al pasado mes de septiembre, cuando Benito Jiménez obtuvo una plaza de interventor municipal para suplir las vacaciones y baja maternal de la titular. A su vuelta, ésta pidió las vacaciones, a lo que el alcalde se negó “por las urgencias que tenía el Ayuntamiento”, y ello motivó que finalmente la Junta de Gobierno decidiera no contratar a Benito Jiménez para siete días, y dejar sin efecto el concurso; una versión que el abogado de Benito Jiménez no comparte, ya que alega que el alcalde “dejó de considerar necesaria la sustitución provisional de la interventora tras conocer que Jiménez había sacado la plaza”.
Por su parte, el alcalde, que es primo carnal de Benito Jiménez, ha manifestado que se encuentra “sorprendido” con la decisión del juez, y que ha cumplido la “legalidad, asesorado por los técnicos municipales”. Indicó que tiene “confianza en la justicia”, y que cuenta con el “total respaldo del PSN”. Benito Jiménez dimitió en 2002 como edil por el caso del teléfono móvil.
