Uno de las principales características de las sociedades modernas radica en el hecho de que las personas vivimos cada vez más años. En España los mayores de 65 años son ya más de 8 millones de personas, más del 17% del total de la población, y este número crecerá en las próximas décadas como consecuencia de la llegada a esta edad de las generaciones nacidas en el llamado baby-boom.
Este fenómeno lejos de ser un problema es claramente una oportunidad para el conjunto de la sociedad. Las personas mayores son, en sí mismos, un importante capital humano y un recurso de experiencia que ninguna sociedad debe, ni puede, permitirse el lujo de ignorar. Garantizar su calidad de vida y aprovechar las oportunidades que ofrecen para el conjunto de la sociedad debe ser el eje central de las políticas de todos los gobiernos.
Las personas mayores tienen en sus manos uno de los principales motores de reactivación económica y creación de empleo. El mantenimiento de la demanda interna de bienes y servicios de este colectivo juega un papel cada vez más importante en el ámbito económico, que es necesario preservar para ayudar a salir de la crisis.
Las pensiones públicas son la columna vertebral de este papel económico y la garantía de su revalorización, incorporada a la Ley General de Seguridad Social tras el Acuerdo de Diálogo Social de 9 de octubre de1996 suscrito con el Gobierno por CCOO y UGT (UPJP), es la mejor fórmula para mantener el poder adquisitivo de este colectivo de forma que también se asegure un nivel de vida digno y de calidad.
Los recortes que se están realizando sobre las principales políticas públicas de protección social que tienen las personas mayores (sanidad, dependencia, servicios sociales,…) sólo están sirviendo para empobrecer a estas personas, aumentando su desprotección y limitando, además, las oportunidades que las personas mayores pueden ofrecer al conjunto de la sociedad para ayudar a salir de la crisis.
Especialmente graves sobre este colectivo son las medidas de recorte del derecho a la salud. El copago sanitario para los pensionistas incluidos los que tienen pensión mínima, la retirada de la tarjeta sanitaria para numerosos colectivos (extranjeros, personas sin empleo ni recursos, etc.), la reducción del número de medicamentos sometidos a control público, etc. son sólo algunas de las medidas que limitan en la práctica el derecho a la salud de los mayores.
No estamos en contra de la subida de impuestos, siempre que se haga con justicia y equidad, pero subir el IRPF a las rentas medias y bajas mientras se promulga una amnistía para los defraudadores es inaceptable. A eso tenemos que añadir la brutal subida del IVA, que en economías modestas como los pensionistas tiene una incidencia superior y es otra de las medidas injustas tomadas por este Gobierno.
La desarticulación de los servicios sociales y los recortes en la Ley de Dependencia suponen aumentar la desprotección de los estratos más vulnerables de la sociedad. Así, se ha dejado fuera del Sistema de Dependencia a más de medio millón de personas dependientes, y se ha reducido la protección a cerca de 80.000 personas, en su mayoría mujeres mayores de 80 años.
Por todo ello hoy, la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO y la Unión de Pensionistas, Jubilados y Prejubilados de UGT (UPJP) quieren aprovechar el Día Internacional del Mayor para reclamar al Gobierno de la Nación y al conjunto de poderes públicos y administraciones:
El respeto al compromiso de revalorización de pensiones incorporado a nuestro sistema público de pensiones, en el marco del Pacto de Toledo y sobre la base del acuerdo social y político amplio.
La derogación de las reformas y recortes en materia de sanidad (copago sanitario, exclusión de colectivos de la atención primaria, rebaja de medicamentos financiados por el Sistema Público de Salud, etc.).
Corrección de las reformas y recortes en materia de Dependencia, y puesta en marcha de medidas de garanticen un nivel de prestaciones de servicios sociales suficientes y adecuados a las necesidades de la población.
La reorientación de la política económica y social del Gobierno, cuyos resultados hasta ahora sólo han traído un aumento de la desprotección de las personas, su empobrecimiento, más desempleo y agravamiento de la crisis económica y sus consecuencias. Es necesaria la puesta en marcha de medidas que con el objetivo de mantener los servicios públicos del Estado de Bienestar (pensiones, desempleo, sanidad, educación,...) garanticen la cohesión social, reactiven el crecimiento económico y favorezcan la creación de empleo para lograr una salida más rápida y justa de la crisis.
Asimismo, CCOO y UGT invitaron a la participación de la concentración convocada por otras asociaciones de mayores el día 1 de octubre en la Plaza del Castillo de Pamplona, donde fue leído el manifiesto.
