La pasada semana, el Parlamento de Navarra aprobó una ley que declara a la Comunidad Foral como 'territorio libre de 'fracking'. El controvertido sistema de fractura hidráulica para la extracción de gas ha sembrado hasta ahora más sombras que luces sobre sus potenciales consecuencias para la salud y el medio ambiente.
Sin embargo, el veto oficial desde sede parlamentaria no es, a fecha de hoy, una garantía para evitar que se desarrollen estos trabajos, ya que existe un conflicto de competencias entre Navarra y el Estado en esa materia. Buñuel, Cabanillas, Cortes, Fustiñana y Ribaforada son municipios riberos que estarían afectados por el 'Proyecto Aquiles', que abarcaría también parte de las Bardenas Reales y gran parte de la provincia de Zaragoza. A día de hoy, su condición de inmunes no está pues nada clara.
Eduardo Navascués, de Ecologistas en Acción de Navarra, señala que, "pese a haber logrado llevar la propuesta al Parlamento de Navarra y haber conseguido la declaración de veto", el conflicto competencial hace que "el asunto no tenga buena pinta". Una de las claves será la forma en la que se desarrolle la normativa pertinente. La vía de incluir la legislación sobre 'fracking' en materia de Ordenación del Territorio es la única que puede utilizar la Comunidad Foral en su favor.
El gobierno central ya ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional, ya que asegura que las Comunidades Autónomas no tienen competencia en materia de hidrocaburos, y que una Ley Foral chocaría con la legislación estatal vigente que posibilita que los estudios de terreno y trabajos de 'fracking' se realicen. En ese sentido, Navascués considera que "la forma más segura de parar el 'fracking' en Navarra es que las empresas no logren financiación". "Así ha ocurrido en países como Polonia", afirma.
