La residencia de ancianos de la localidad ribera de Cortes atraviesa un delicado capítulo económico. Un déficit acumulado de más de 1,1 millones de euros ha hecho insostenible la economía de este centro de ancianos y ha llevado a las 35 trabajadoras de la plantilla a la huelga indefinida. El paro se inició ayer día 15 y no tiene muchos visos de alcanzar la negociación. Mientras, el Patronato Fundación Carmen Bellido, que dirige el asilo desde su apertura, se ha visto obligado a plantearse la venta de una parte de su patrimonio (unos terrenos de 3.000 metros cuadrados ubicados en la calle Concordia, que van a ser ofertados en parcelas más pequeñas). Esta venta exigía la elaboración de un Plan de Viabilidad económica que ha levantado ampollas entre la plantilla de la residencia por los significativos recortes que contempla. Mientras el alcalde socialista, Javier Blasco, asegura que el plan ya tiene el visto bueno del Departamento de Asuntos Sociales, lo que dificultaría su marcha atrás, la delegada de ELA en el comité de empresa, Belén Arriazu, desmiente tal extremo. Tras celebrarse este lunes día 14, la única reunión entre las partes, y no ponerse sobre la mesa planteamiento alternativo alguno, el acuerdo parece lejano. Y en medio de todo el problema, los 49 internos que conviven en el centro, más 3 usuarios del centro del día, permanecen ajenos a un conflicto que podría empezar a afectarles. Y eso que los servicios mínimos fijados por la plantilla son del 90% de las trabajadoras.
La residencia Carmen Bellido de Cortes fue promovida en su día por la fundación del mismo nombre, gracias a la herencia que dejó una vecina fallecida para fines sociales. Desde entonces, el centro ha estado dirigido por un patronato que preside el alcalde y de cuya junta forman parte también el resto de concejales. Durante años, el asilo de Cortes estuvo gestionado por las Hijas de la Caridad, si bien la congregación desapareció en la villa hace 3 años y el testigo pasó a la empresa Gestión Asistencial La Ribera. Algunas voces críticas achacan a la mala gestión del actual administrador el fuerte incremento que ha experimentado la histórica deuda de la fundación.
Como presidente de la Fundación Carmen Bellido, el alcalde, Javier Blasco (PSN), es de otra opinión. Se considera responsable de la resolución de la deuda y opina que su labor es la de “arreglar las cosas”. Y solucionar el conflicto pasa, en opinión de Blasco, por llevar a la práctica el plan de viabilidad con todas sus consecuencias. “La residencia ha sido siempre deficitaria. Principalmente, porque la plantilla está redimensionada. De esta forma, hemos ido acumulando un pequeño déficit cada año que ha llegado un punto en que es insostenible. Y he decidido que no se acumule más”, dice.
Contribuciones especiales
Del criterio del alcalde es el grupo municipal de UPN, con cuyos votos fue aprobado el Plan de viabilidad de la residencia que rechazaron y votaron en contra CET y CIC. Los concejales de ambos grupos son conscientes de la necesidad de acometer un plan de saneamiento, pero defienden otro, que se aleje del conflicto con la plantilla.
El desacuerdo con las trabajadoras se desató principalmente porque el convenio que rige desde siempre a la plantilla es el de hostelería y no uno propio de residencias, que no existía aún cuando se abrió el centro. De tal forma que, lo que se contempla en el plan de viabilidad es, según el sindicato ELA, (único con representación en el comité de empresa), “es pasar de un convenio a otro, con los recortes y pérdida de derechos para las trabajadoras que ello supone”. Principalmente, la congelación salarial para los próximos 3 años, 4 despidos y la supresión de la figura del médico. ELA ha querido dejar claro que “no se trata de negociar ningún pacto de empresa sino de defender el mantenimiento del convenio de hostelería y de las condiciones que tienen las trabajadoras desde hace 25 años”.
A la espera de que se convoque una nueva reunión y se ponga sobre la mesa otro planteamiento diferente, las trabajadoras se muestran firmes a continuar con el paro.
Desde la oposición, el edil de Cortes entre Todos, César Alba expresó que “no estamos de acuerdo en despedir por despedir porque además el modelo de residencia que nosotros defendemos no es mismo que defiende el actual gerente. Nunca hemos estado de acuerdo en esa gerencia porque quiere convertir la residencia en un centro privado”. Además, el edil cortesino añadió que “la venta de esos terrenos no palía la deuda por lo que habrá que vender más patrimonio y eso no es conveniente. Si nos deshacemos de todo el patrimonio d ela Fundación, llegará un día en que haya que ampliar y no podremos hacerlo porque no tendremos dinero”, argumenta Alba.
Subida del precio del agua
El otro capítulo discordante que ha marcado la actualidad de los últimos días en Cortes lo protagonizan las contribuciones especiales aprobadas por el Consistorio, con los votos a favor de UPN y PSN y en contra de CIC y CET, el pasado mes de diciembre. Afectan a los vecinos de 4 calles de la villa, cuyas redes se van a renovar, quienes han puesto el grito en el cielo al recibir en sus domicilios las facturas correspondientes. El hecho es que del presupuesto total del proyecto, que asciende a casi 1,5 millones de euros, el Ejecutivo financia un 70% y el resto el Consistorio. El desacuerdo ha venido por la fórmula de financiación de ese 30% que debe reembolsar el pueblo. Los vecinos han recogido firmas y recurrido el tema.
Al respecto, el alcalde se ha retractado, comprometiéndose a replantear los precios.
