La resolución del contrato de los cotos de Tudela no hace sino esbozar aún más marcadamente la delicada situación por la que atraviesa la caza entendida como actividad social en la Ribera de Navarra. Montes de Cierzo y Monte Alto no albergarán actividad cinegética hasta que el Ayuntamiento de Tudela decida qué hacer con los acotados, si gestionarlos directamente o abrir un nuevo concurso para su adjudicación.
Lo cierto es que ya antes de conocer la decisión del Ayuntamiento de Tudela, la Asociación de Cazadores Deportivos de Tudela se había planteado la posibilidad de devolver los aprovechamientos al consistorio, llegando a estar prevista una votación al respecto en la Junta General del próximo 26 de febrero. Los costes de los daños por agricultura o del guarderío son algunos de los factores que están llevando a la caza a ver su número de asiduos reducirse o directamente renunciar a pagar una media de hasta 400 euros por poder practicar su hobby.
El conejo en Monteagudo
La última localidad en la que se ha puesto de manifiesto lo que supone el control de daños es Monteagudo. Allí, la superpoblación de conejos ahoga a los trabajadores del campo. En este caso, la ayuda de los cazadores no es suficiente. Aunque el número de conejos cazados aumenta, el avance no se traduce en alivio para los agricultores. Los 78 socios del acotado no dan abasto.
En Monteagudo, en concreto, los cazadores no son quienes deben correr con los costes de las cosechas estropeadas, -los agricultores tienen seguros contratados, pero apenas cubren un 20% de franquicia- pero sí que su actividad se reduce exclusivamente a la caza del conejo.
El alcalde de la localidad y presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, Mariano Herrero, afirma que con la caza se intenta mitigar todo lo posible el problema.
"El coto se mantiene precisamente por la alta densidad de conejos. Eso es lo que permite actividades como la caza nocturna, la caza con hurón y escopeta o fuera de temporada", señala.>
Herrero desgrana también que la cuota que pagan los socios del acotado, de obligada gestión municipal por contar con menos de 2.000 hectáreas de extensión, alcanza para mantener su funcionamiento, incluido el guarda, pero no para más. Hacerse cargo de parte de la cuantía de los daños en la agricultura, como ocurre en otros aprovechamientos, supondría tener que cesar en la gestión municipal. "Está claro que si el Ayuntamiento de Monteagudo tuviese que poner dinero, dejaría el coto. No es viable ahora mismo", sentencia tajante.
El cierre de Cortes
Precisamente esa falta de viabilidad económica es la que llevó a la Asociación de Cazadores San Miguel de Cortes a abandonar el coto de la localidad y devolverlo al consistorio a finales de 2013. Los daños a cultivos, producidos por conejos y jabalíes que se refugian en zonas de difícil acceso para los cazadores, así como los gastos de guarderío, fueron dos de los detonantes.
En el caso de Cortes, subyace también otro de los puntos más polémicos: el de la necesidad de un guarda. Pese a que en su día UPN y PSN consensuaron que sería el titular de los cotos quien determinase la necesidad de contar o no con guarda, sí que se estipuló que sería obligatoria para las llamadas "autorizaciones excepcionales". El descaste del conejo con el objetivo de minimizar los daños en los cultivos entra dentro de esas premisas al realizarse mayormente fuera de temporada.
Aunque es el titular quien decide, si los cotos están adjudicados a asociaciones locales de cazadores, son estos quienes deben pagar la presencia del guarda. Desde la Asociación de Caza de Navarra (ADECANA) consideran que esta situación está propiciando que, debido al aumento de costes, muchos cazadores se estén dando de baja, con la consecuencia de que los acotados acaban siendo devueltos a sus titulares: los ayuntamientos. En un comunicado publicado recientemente, ADECANA desgranaba que hay "casi 30 cotos con un plan de prevención de daños a la agricultura que pueden correr la misma suerte que Cortes o, anteriormente, Caparroso".
José Mari Agramonte, vicepresidente de ADECANA y a su vez presidente de la Asociación de Cazadores y Pescadores Bardeneros, lo tiene claro. "Si hemos de hacer un favor a alguien, que entienda que efectivamente estamos haciendo un favor, por el que no deberíamos pagar. Bastante tienen los agricultores con todo lo que sufren, desde luego. Yo sólo creo que se debería facilitar nuestra labor. Así de sencillo", expone.
"Nosotros hemos trasladado esta inquietud a los grupos políticos y ellos son los que deberían recapacitar. Teniendo en cuenta que hay que pagar una cuota, si a eso le añadimos el tener que pagar a un guarda, y después cuantías por daños a cultivos, la gente se lo piensa mucho. La condición social de la caza se acaba", sentencia. Para Juan Antonio Belío, cazador y agricultor de Cortes, la solución pasaría por que "los ayuntamientos, como titulares de los cotos, se hiciesen siempre cargo de los costes de guarderío", para descargar de gastos a las asociaciones locales adjudicatarias.
ADECANA busca por tanto que desde las instituciones políticas se dé la vuelta a la situación y ponen como ejemplo los casos en los que ha existido consenso entre administraciones locales, cazadores y agricultores. Ese punto de entendimiento pareció encontrarse en Tudela en noviembre de 2013, cuando se restableció la actividad cinegética en los cotos de Montes de Cierzo y Monte Alto, tras meses de inactividad por la sanción que prohibía la caza a sus socios debido al caso de envenenamiento de aves.
No obstante, el proceso de adjudicación de los acotados, que se realizó de forma directa y no a través de un concurso público, levantó ampollas en la oposición del Ayuntamiento de Tudela y ha acabado con un recurso en el Tribunal Administrativo de Navarra.
