"Es hora de plantearse el modelo económico para los próximos años, pues este será el que determine el bienestar de los españoles del mañana". Por esto, se propone una "clara profunda reforma estructural que mejore la eficiencia y la competitividad y que en último lugar dinamice nuestro mercado laboral".
Éste es uno de los mensajes recogidos en el informe España 2018, que publicó el lunes de la semana pasada el Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC), es decir, la entidad que engloba a las quince mayores compañías españolas, y que, según estima, de llevarse a cabo las medidas propuestas podrían crearse, hasta 2018, un total de 2,3 millones de puesto de trabajo, que supondría una reducción de la tasa de paro hasta niveles por debajo del 15% (actualmente, está en el 23,67%).
Sin embargo, las empresas del CEC también reconocen como “adecuado” el enfoque de la agenda pública de reformas que el Gobierno ha llevado a cabo, y subraya que, “según la OCDE, España es el país más reformista de entre todos los desarrollados”, pero inciden en que dicho proceso “debe agilizarse y profundizarse para solventar con la mayor rapidez posible el principal problema de nuestra economía: la elevada tasa de paro existente”.
Por ejemplo, se llama a reformar “el marco institucional bajo el que opera nuestra economía”. Tal y como ponen de relieve, “tomando los diversos indicadores internacionales que tratan de calibrar de forma homogénea la microeconomía, queda clara la necesidad de mejora en España”. Por ejemplo, tomando el indicador Doing Business, del Banco Mundial, nuestro país puntúa como “el tercero peor entre los de la zona euro, habiendo empeorado trece posiciones desde antes de la crisis, hecho que ha ampliado el diferencial con el promedio de la zona euro y Alemania”.
Inversión, desarrollo y sostenibilidad de sectores clave
El CEC también afirma que “hay que tomar medidas que aceleren la inversión, el desarrollo y la sostenibilidad de sectores clave para el desarrollo económico de un país como la economía del conocimiento, la energía, infraestructuras, el sistema financiero y la educación”. De hecho, apuntan que una adecuada combinación de medidas en todos estos frentes podría generar cerca de 1,6 millones de empleos netos hasta 2018.
Dicho esto, el estudio también subraya que, a pesar de estas medidas, “no hay que olvidar que el cumplimiento de nuestros compromisos fiscales será fundamental para seguir ganando la confianza internacional”, y añade: “en este sentido hay que avanzar con paso firme en la reestructuración de las Administraciones Públicas, favoreciendo una mayor simplicidad, homogeneización, eficiencia y transparencia en la gestión”.
Otros de los factores clave que debe perseguir esta “estrategia nacional” son, según el CEC, “las políticas activas que reinserten a los desempleados, un mercado laboral que compagine seguridad y flexibilidad, y un marco institucional óptimo que facilite el aumento del tamaño empresarial serán clave para mejorar la productividad, la innovación y la internacionalización con el consiguiente impacto positivo en la creación de empleo”.
También, según el CEC, “una de las palancas clave para el cambio de modelo productivo debe ser el conseguir un aumento del tamaño de nuestras empresas, hoy en día muy inferior al de países europeos comparables”. En concreto, estiman que “un aumento del peso de las empresas de más de 50 empleados para aproximar nuestra estructura empresarial a la de países europeos comparables que comentábamos anteriormente podría generar más de 400.000 empleos netos. O que una política enfocada a consolidar el número de empresas que exportan regularmente que resultara exitosa, en línea con el dinámico crecimiento del total de empresas que exportan puntualmente, podría aumentar sustancialmente las exportaciones de bienes en los próximos cuatro años, lo que en términos de empleo se podría llegar a traducir en más de 700 mil puestos de trabajo adicionales”.
El documento también subraya que “deben mejorar los bastiones para un crecimiento sostenible e inclusivo: acelerar la economía del conocimiento, una política energética racional económica y ambientalmente hablando, un sector de infraestructuras en el que se evite una caída del stock de capital acumulado, una financiación fluida y una mejora del rendimiento del sistema educativo español con el doble objetivo de reducir la tasa de abandono escolar y conectar la formación con la empleabilidad”.
Un informe “más voluntarista que realista”
Visto lo anterior, también cabe destacar que el informe del CEC ha despertado algunas críticas, que consideran poco realistas estas previsiones de más de dos millones de puestos de trabajo en dos años. Por ejemplo, la semana pasada, en el XVII Congreso de la Empresa Familiar, “la mayor parte de los empresarios familiares consultados” mostró su “incredulidad” y resaltó que el informe es “más voluntarista que realista”, tal y como recogió el diario El País, refiriéndose a los resultados de la encuesta realizada entre 500 asistentes al congreso.
Este medio también muestra la opinión de algunos expertos, como la del presidente de Analistas Financieros Internacionales, Emilio Ontiveros, que advierte de que la principal dificultad que enfrenta el plan del Consejo Empresarial de la Competitividad para acelerar la creación de empleo no es otra que la falta de demanda. En esto coincide con el director del gabinete económico de la Fundación de Cajas de Ahorros, Ángel Laborda, para quien las propuestas planteadas “son medidas que mejoran el potencial de crecimiento a medio y largo plazo, pero el problema ahora no es que falte capacidad productiva, sino que no se utiliza por la falta de demanda”.
Consejo Empresarial para la Competitividad
El Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC), formado en febrero de 2011, está compuesto por 15 compañías y el Instituto de Empresa Familiar. Las empresas que componen el Consejo Empresarial dan empleo a más de 1,7 millones de trabajadores y representan una facturación equivalente al 35% del PIB español. El CEC se constituyó como un think tank que suma compromisos y esfuerzos para aportar propuestas que mejoren la competitividad, ayuden a la recuperación económica y fortalezcan la confianza internacional en España.
Las empresas que forman parte del Consejo Empresarial para la Competitividad son: Acciona, ACS, Banco Santander, BBVA, El Corte Inglés, Ferrovial, Grupo Planeta, Iberdrola, Inditex, “La Caixa”, Mango, MAPFRE, Mercadona, Repsol y Telefónica. Por su parte, el Instituto de la Empresa Familiar está representado por Grupo Barceló, Havas Media Group y Osborne.
