La consejera Dolores Serrat ha explicado que el Plan de Infraestructuras de Educación 2012-2015 contempla la construcción de 13 nuevos centros y la ampliación de otros 13. Con él se pretende “dar respuesta a las necesidades de escolarización pero también a la mejora de los equipamientos educativos”, ha señalado. Serrat ha hecho hincapié en que esta planificación se ha realizado teniendo en cuenta “previsiones realistas, es decir, adecuando las posibilidades económicas a las necesidades, lo que ha obligado a una priorización”.
El grueso de la inversión -54,5 millones de euros- irá destinado a la construcción de 13 nuevos centros y al pago comprometido de varias infraestructuras que ya están en funcionamiento, como el coste total del IES Segundo de Chomón de Teruel, el IES Parque Goya de Zaragoza o el CEIP de Barbastro. Además el Gobierno de Aragón destinará 9,8 millones de euros a la ampliación de 13 centros y a la rehabilitación, conservación y mejora de otros espacios educativos ya existentes. (para más detalles ver la nota de prensa adjunta).
El Consejo de Gobierno ha aprobado además el proyecto de ley de autoridad del profesor que otorga a los docentes la consideración de autoridad pública en el desempeño de sus funciones y les confiere presunción de veracidad.
La consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, Dolores Serrat ha destacado que lo que se pretende es “reconocer y prestigiar al profesorado aragonés a la vez que incrementar su protección jurídica”, ya que se considera que los docentes son el pilar sobre el que construir una convivencia pacífica en los centros que garantice el derecho individual a la educación y aumente la calidad de la enseñanza.
Serrat ha explicado cada centro elaborará además su propio plan de convivencia y un reglamento interior “en el que se contemplen las infracciones y las medidas correctoras”. En este sentido, la consejera ha señalado que esas medidas deberán ser proporcionales a la falta y deberá primar “el carácter reeducador y corrector sobre el sancionador”.
La nueva norma será de aplicación en los centros educativos no universitarios de la comunidad sostenidos con fondos públicos.
Referencia también a otras infraestructuras, en este caso sanitarias. El Servicio Aragonés de Salud ha comenzado las contrataciones para levantar el Centro de Salud de la Almozara (Zaragoza) Estas partidas iniciales destinadas a dichas contrataciones iniciales suponen una inversión de más de 242.000 euros. Este centro cuenta con un presupuesto de contrata de cerca de 5 millones de euros y un plazo de ejecución de 22 meses.
Por otro lado, garantizar la movilidad de los ciudadanos del medio rural es otro de los objetivos destacados del Gobierno de Aragón. Para ello, el Consejo de Gobierno ha aprobado crear una comisión de trabajo para coordinar el transporte regular, el escolar y el sanitario “para mejorar la eficiencia del transporte de viajeros por carretera en Aragón”, ha apuntado el consejero de Presidencia y Justicia, Roberto Bermúdez de Castro.
“La finalidad es evitar duplicidades innecesarias de estos servicios públicos y garantizar a los aragoneses un nivel de movilidad adecuado y suficiente, con un empleo responsable de los fondos públicos.
Más teniendo en cuenta que la movilidad de viajeros por carretera mediante transporte público en Aragón presenta las dificultades añadidas de la dispersión de la demanda y la longitud de los trayectos”, ha destacado el portavoz del Ejecutivo.
Esta comisión de seguimiento estará integrada por los directores generales de los Departamentos de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, de Educación, Universidad, Cultura y Deporte y de Sanidad, Bienestar Social y Familia, competentes por razón de la materia. Sus conclusiones definitivas y la propuesta de las medidas normativas y administrativas resultantes se elevarán al Gobierno de Aragón.
Además, “el consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes ha informado de las principales líneas de MODIFICACIÓN de la LUA (Ley de Urbanismo de Aragón). EL germen de un proceso participativo donde se va a dar voz a todos los alcaldes de distintos municipios, a las Diputaciones Povinciales, a la FAMP a técnicos, a colegios profesionales implicados…”, ha apuntado Bermúdez de Castro, quien ha señalado los objetivos de esta modificación
· Se apuesta por revisar la normativa para permitir una gestión ágil que favorezca la implantación de industrias y servicios e inversiones que sustenten la actividad económica.
· Se propone adaptar la normativa vigente a las necesidades de cada municipio para simplificar su gestión en los pequeños municipios.
· También se pretende clarificar las competencias de cada uno de los actores que tienen responsabilidades en el urbanismo.
