El pasado viernes 12 los grupos PSN, NABAI e IU vaciaron, con enmiendas, el contenido de la proposición de ley presentada por UPN con el objeto de que los medios de comunicación no publiquen anuncios de prostitución.
Resulta sorprendente que estos grupos que se llenan la boca hablando de la igualdad y de los derechos de las mujeres, a la hora de la verdad, carezcan de valentía para enfrentarse a una lacra tan dañina y humillante para las mujeres como es la explotación sexual.
UPN ha sido pionero a la hora de proponer medidas efectivas, alejadas de los discursos estériles y grandilocuentes que nunca se tornaban en cuestiones prácticas, para erradicar la publicidad de una de las mayores lacras que padecen muchas mujeres en el siglo XXI: la esclavitud sexual.
Presentamos, con este objetivo, una Proposición de Ley en el Parlamento de Navarra, además de una Proposición No de Ley en el Congreso de los diputados y de una interpelación a la ministra de Igualdad.
Hasta ahora, muchos partidos y muchas instituciones habían pedido a los medios de comunicación que contienen este tipo de anuncios que se autorregularan, pero eso no ha sucedido.
Ya en 2007, la comisión mixta de Derechos de la Mujer y de la Igualdad de Oportunidades del Congreso y el Senado, solicitaba a través de su informe a los medios de comunicación “que, en el marco de sus códigos deontológicos, se planteen la renuncia a la publicidad relacionada con el comercio sexual, para impedir el negocio de las organizaciones mafiosas dedicadas al comercio sexual”.
Pero la realidad es que muchos medios han preferido sucumbir a la gran cantidad de dinero que mueven estos anuncios, 40 millones de euros sólo en 2009, que optar por defender la dignidad de la mujer y evitar que las mafias puedan publicitarse en periódicos, radios y televisiones.
Sólo en el año 2009, 1300 mujeres fueron víctimas de explotación sexual. Esta es una realidad a la que las administraciones públicas deben dar una respuesta directa, sin volver la mirada hacia otro lado.
Si algunos medios de comunicación no eliminan los anuncios de prostitución, el Parlamento tiene dos opciones: o bien declara ilegales estos anuncios y prohíbe su publicación, o bien pide a las administraciones públicas que dejen de contratar publicidad con aquellos medios que los publiquen.
