Como usted bien sabe, el pasado 11 de julio, el presidente del Gobierno de España expuso en el Congreso una parte del contenido del mayor recorte de derechos económicos, sociales y políticos, sufrido en la actual etapa democrática. La publicación de los recortes en el BOE ha dejado al descubierto su letra pequeña, agravando aún más los garrotazos del gobierno a la población: funcionarias y funcionarios, personas en paro, dependientes, y consumidores en general, son el blanco del disparo con el que el gobierno condena al empobrecimiento a quienes no causaron el disparate. Todo para financiar a una Banca que, a su vez, dedica el dinero a comprar deuda del Estado a altos intereses y a provocar mayor deuda pública.
Los recortes de este julio del 2012, han sido calificados por personas autorizadas en la materia como “una imposición directa de los nuevos amos de España en Bruselas”. Todo el mundo sabe que estas medidas llevan a más recesión, más desempleo, más pobreza, más sufrimiento para pobres y empobrecidos. Economistas, sociólogos, premios Nóbel, e incluso algunos estamentos financieros, alertan de que esta política hundirá más a los países que la aplican.
Al brutal endeudamiento privado que finalmente ha arrastrado a las cuentas públicas a un incremento del déficit y la deuda, el presidente del Gobierno, Sr. Rajoy, y el Partido Popular (que ha venido contando con el inestimable apoyo de UPN en anteriores recortes), ha decidido aplicar la siguiente pócima: el castigo a personas en desempleo y a dependientes, el decremento del poder adquisitivo general mediante el aumento del IVA o la eliminación de deducción en compra de vivienda o la rebaja de la ayuda al alquiler para jóvenes. Dictan sentencia contra el Estado del Bienestar al adelgazar severamente los servicios públicos, practican la ingerencia y la merma de competencias de las autonomías, reducen la Administración pública más cercana a la ciudadanía, los Ayuntamientos, y en vuelven a ensañarse con el funcionariado y empleadas y empleados públicos.
Los anunciados recortes en materia de desempleo, los recortes ya perpetrados en materia sanitaria, los de carácter educativo en relación a horario lectivo de docentes, y a becas, matrículas, empleo público y calidad de la enseñanza, la eliminación de la deducción por adquisición de vivienda, el recorte de ayudas a la dependencia, los mayores requisitos para el cobro de la Renta de Inserción, el recorte en el cobro del subsidio de desempleo, el aumento de los 52 a los 55 años para personas con subsidio de paro específico para ese tramo de edad, los aumentos de impuestos, conforman un conjunto de medidas que abocan al empobrecimiento general y a la miseria de los más pobres. A su vez, la reducción de concejales y la anunciada restricción de las competencias que ejercen los Ayuntamientos en paralelo al fortalecimiento de las decimonónicas diputaciones provinciales, sin procedimiento alguno de participación de los Ayuntamientos en la modificación en la Ley Orgánica Electoral, se manifiestan sin recato alguno en menoscabo de los derechos democráticos de representación.
Sin embargo el gobierno español no tiene empacho en aprobar amnistías fiscales para los defraudadores dotándoles de impunidad a través de cobertura legal, no aborda contribuciones de los altos patrimonios y las grandes fortunas como si se realizan en otros países de nuestro entorno y en los EE.UU., mantiene e incrementa las regalías públicas a la Conferencia Episcopal, configurando con todo ello un escenario que provoca un incremento de la brecha de desigualdad en nuestro país, con una mayor injusticia en la distribución de la renta y la riqueza, abocando a una cada vez mayor parte de la población a situaciones de dificultad económica, insolvencia y pobreza.
No se exploran otras propuestas realizadas por los grupos de la oposición, entre ellos Izquierda Plural en el congreso, cuando sí existen otras alternativas: la recuperación del impuesto sobre los grandes patrimonios en España supondría recaudar unos 2.100 millones de euros. Asimismo, volver al nivel de imposición que tenía el Impuesto sobre Sociedades para las grandes empresas (que son solo el 0,12% del total, pero facturan más de 150 millones de euros), supondría recuperar 5.300 millones de euros. Si se recuperara el nivel de imposición de las personas que ganan más de 120.000 euros al año, el Estado recuperaría 2.500 millones de euros, y que la recuperación total del Impuesto de Sucesiones, que grava las herencias, supondría para las arcas públicas un extra de 2.552 millones de euros. En total, pues, revertir estas bajadas supondría, recaudar más de 12.000 millones de euros. Si le añadiese una decidida lucha contra los grandes defraudadores fiscales (el 71% son grandes fortunas, las grandes corporaciones y la banca según g. Según señala el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda), el Estado recaudaría 44.000 millones €. Pero los ministros del Partido Popular están demasiado ocupados en insultar a funcionarios, parados y pequeños consumidores, y no dirigen su mirada fiscalizadora hacia los auténticos causantes del desastre.
Además, debieran eliminarse privilegios de los que gozan algunos políticos, tales como el sueldo vitalicio de los expresidentes, recolocaciones millonarias de ex-ministros, ex presidentes y otros altos ex, cesantías, sistemas de pensiones de diputados y senadores, coches oficiales innecesarios, y un largo etcétera a revisar, amén de gastos diversos de protocolo. Sabemos que circulan falsos datos que extienden estos privilegios a muchos políticos de a pié que carecen de ellos, pero también sabemos cuáles son ciertos y deben eliminarse. En cuanto a la aplicación en Navarra de esta cuestión, tenemos muy reciente el debate generado al descubrirse lo que ganaban algunos de nuestros políticos, además de su salario, en el Consejo de CAN, que se saldó con una nueva normativa.
La ciudadanía de Tudela y del resto de Navarra, que ya viene sufriendo los aumentos impositivos y los recortes de servicios públicos impuestos por su propio gobierno municipal y por el Gobierno de Navarra, sufrirá también los nuevos recortes impuestos por un Gobierno español, que pocos meses atrás prometía hacer todo lo contrario de lo anteriormente expuesto. Asimismo, se da la circunstancia de que UPN, partido que sustenta el gobierno navarro, ha apoyado estas graves medidas antisociales del Partido Popular.
Por todo ello, en su calidad de Presidenta del Gobierno navarro, le instamos a
No aplicar en nuestra Comunidad las medidas contenidas en el Real Decreto-ley 20/2012 de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
No apoyar el Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de julio, de medidas de liquidez de las Administraciones públicas y en el ámbito financiero.
Defender la autonomía de nuestra Comunidad respecto a las graves ingerencias del Gobierno español en materias diversas, en los Reales Decretos anteriormente especificados.
Mostrar su apoyo a las y los funcionarios navarros, respetar sus condiciones salariales y laborales no aplicando los recortes decretados, y contribuir a que la ciudadanía conozca la labor que realizan y el alcance de los servicios públicos que sostienen.
Eliminar todo privilegio de cargos públicos y altos cargos, coches oficiales, gastos de protocolo y cualquier gasto innecesario, con especial insistencia en cesantías, sueldos excesivos - apostando por la norma “un cargo, un sueldo”-.
Fdo: Milagros Rubio, Eneko Larrarte, Ana María Ruiz, Patxi Repáraz, concejales del Grupo Municipal de Izquierda-Ezkerra del Ayuntamiento de Tudela
