Casi el 90% de los empleados de la planta de Sanyo en Tudela, que se verán afectados el próximo 31 de marzo por el cierre de la empresa, votaron, en la asamblea celebrada el pasado día 8, a favor del pre-acuerdo alcanzado entre el comité y la propia empresa en relación al expediente de regulación.
ISN
Los “últimos flecos” de la resolución final del expediente establecen que el salario bruto regulador se actualizará anualmente sobre un 2%. Además se suscribirá “un convenio especial a la Seguridad Social con arreglo al 100% de los 6 meses de la tasa reguladora anteriores para mantener la cotización al 100% hasta la edad de jubilación, con una revalorización cada año del 2,5% ”, señalaban desde el comité. Dentro del plan social, la empresa ha suscrito una bolsa de contratación, a través de la cual, los interesados podrán ser contratados por la empresa en caso de necesidad de ampliar la plantilla en la parte de logística y SAT, que mantiene Sanyo. Por otro lado se ha contratado un servicio de recolocación externo al que accederán los no prejubilados para “tener una garantía en 9 meses de recibir como mínimo tres ofertas de trabajo”, afirmaban. El acuerdo tendrá vigencia hasta el 31 de marzo de 2007, por si se vuelve a reducir total o parcialmente la plantilla. Finalmente, la extinción de contrato se formalizará, previsiblemente, una vez que se apruebe en Madrid el próximo 15 de marzo.
En relación a la propuesta de ISN y después de haberla estudiado detenidamente, el comité considera que “es un negocio redondo que busca hacerse con los terrenos e instalaciones de Sanyo en Tudela, y que no garantiza en absoluto el futuro de los 70 puesto de trabajo que promete”. Señala además, que “no se entiende que el Gobierno apadrine semejante propuesta, carente del más mínimo rigor y sin ningún plan de viabilidad serio que lo avale”. “Si con estas cortinas de humo pretende confundir a la opinión pública y eludir sus propias responsabilidades, está muy equivocado”, añadieron los representantes.
