Organizaciones vecinales, sociales y ecologistas quisieron denunciar el pasado 24 de junio, con motivo de la celebración del Día Internacional contra la Contaminación Electro-magnética, “el crecimiento insostenible y a la proliferación caótica, a la que hemos asistido en los últimos años, de estaciones base de telefonía móvil y otras infraestructuras de telecomunicaciones”.
El problema estriba, según Ecologistas en Acción, en el miedo de las autoridades sanitarias de las distintas administraciones a enfrentarse a los grandes intereses financieros, dejando en segundo lugar la salud de las personas. Por ello sólo aceptan los estudios que tranquilizan a la población y evitan los que se tratan los posibles efectos y riesgos; como el Proyecto Reflex, financiado por la Unión Europea, en el que se habla de la influencia de campos electromagnéticos en las alteraciones del ADN. La movilización social ha conseguido en algunas comunidades autónomas el establecimiento de medidas más preventivas, pero queda pendiente una directiva europea compatible con el actual desarrollo de la telefonía móvil. “El actual gobierno está aplicando la misma política que el PP, incumpliendo claramente su programa electoral, rechazando proyectos que recomendaban una normativa con niveles de exposición más restrictivos”, declaran.
