En 2019 los riberos y las riberas hemos conseguido una aspiración de muchos lustros: que la AP-15, la autopista que conecta las dos grandes ciudades navarras [Tudela y Pamplona] sea gratuita al menos para los viajes de ida y vuelta en la misma jornada. Es una buena noticia para quienes habitamos en el sur de Navarra pero también para el norte, porque una conexión menos costosa facilita las comunicaciones en ambos sentidos. Sirve a los tudelanos y tudelanas que viajan a la capital para realizar trámites administrativos o recibir tratamientos médicos, pero también permite facilitar, por ejemplo, un flujo turístico norte-sur que vertebra nuestra comunidad foral.
El gran asunto mediático de las últimas semanas es que esa gratuidad no es completa, puesto que según el Gobierno de Navarra es imposible legalmente dejar de abonar el IVA de los peajes. El Ayuntamiento de Tudela, en un texto respaldado por casi todas las fuerzas políticas, ha aprobado una declaración institucional en la que “considera imprescindible la gratuidad de la AP-15, sobre todo para corregir las desigualdades que hoy en día todavía existen en la Ribera”. Dicha declaración concluye instando al Gobierno de Navarra “a que establezca los mecanismos oportunos para que la gratuidad sea total, y que los usuarios no deban hacer frente a gasto alguno”.
La posición de las fuerzas políticas en torno a este asunto es casi unánime, pero no así el relato de cómo se ha conseguido que la AP-15 sea prácticamente gratuita. Por eso desde Izquierda-Ezkerra creemos que es importante situar cada cosa en su lugar, decirle la verdad a la ciudadanía. Si hoy estamos inmersos en este debate es porque el presidente Miguel Sanz [recordemos, de UPN] prorrogó la concesión de la autopista a Audenasa en 1997 hasta el año 2029. Y también porque en el año 2003 el gobierno popular de José María Aznar vendió el 50% de las participaciones del Estado en dicha sociedad a una empresa privada, a la que ahora pagamos.
Son precisamente los herederos políticos de Sanz y Aznar los que hoy presumen de haber conseguido 12 millones de euros para la gratuidad de la AP-15, pero quizá habría que recordar que ese importe solo cubriría los peajes de un año, y que entre 2017 y 2018 la inversión del Estado en Navarra descendió en 80 millones de euros, siendo la del año pasado la más baja de toda la legislatura. La oposición política de UPN es, además, experta en enfrentar a los navarros y navarras entre sí, situando este asunto en un ficticio campo de batalla entre el norte y el sur, cuando desde la izquierda pensamos que la AP-15 sirve para conectar el centro y la periferia de Navarra [que cuenta con su propio centro, Tudela].
Desde Izquierda-Ezkerra somos conscientes de las dificultades legislativas que comporta la gratuidad total de la AP-15, pero como dice la declaración institucional, esperamos que el Gobierno de Navarra encuentre la fórmula adecuada para que ningún ribero pague por el uso de la autopista que nos conecta con Pamplona.
