Agentes de Policía Nacional, de la Comisaría General de Policía Judicial, en Operación conjunta con agentes de la UCRIF de Jefatura Superior de Policía de Navarra, y Policía nacional de la Comisaría Local de Tudela, han procedido a la desarticulación de una Organización Criminal que operaba en la Ribera de navarra , procediendo a la detención de siete personas, y presentando cargos contra otras seis personas más, por fraude a la seguridad social y pertenencia Organización criminal.
La investigación se inició una vez que una empresa sita en Corella (Navarra), fue investigada y declarada ficticia a mediados del año 2016 por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social. Dicha empresa, dedicada a la construcción tuvo en su día una actividad real pero a partir de un determinado momento dejó de tenerla, para ser utilizada como “tapadera” para obtener un beneficio ilícito con la venta a supuestos trabajadores, de altas falsas en la Seguridad Social, para que estos, con posterioridad, solicitasen prestaciones por desempleo, maternidad, incapacidad y otros supuestos del Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE).
Los supuestos empleados posteriormente cobraron diversas ayudas económicas que ascendieron a un total de 44.187,38 Euros.
Asimismo los empresarios adquirieron una deuda con la Seguridad Social por un importe de 270.852,66 Euros por impago sistemático de las cotizaciones que les correspondían.
Dado que la mayor parte de los supuestos trabajadores, eran de nacionalidad extranjera, los mismos podían acceder a permisos de residencia en España que a su vez les facilitaban el acceso a otras prestaciones (renta básica, subsidios, viviendas sociales, etc.).
La investigación, que actualmente se da por concluida, es fruto del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio del Interior.
Significar que en esta operación, La Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Navarra remitió a la Policía Nacional un completo informe como consecuencia de sus actuaciones inspectoras a la empresa investigada.
Los supuestos empresarios intercalaban actividad real con actividad ficticia para entorpecer una posible investigación policial posterior, siendo además titulares de otras sociedades que hacían de pantalla ante los sistemas de supervisión de la Administración. La empresa en cuestión durante el periodo de actividad ficticia no adquirió ni vendió bienes, no emitió facturas, pagó nóminas, hizo declaraciones de renta, de IVA o de otros impuestos, nunca tuvo propiedades ni alquiló inmuebles o bienes utilizados para realizar actividades profesionales o laborales.
