Los trabajadores de la instalación deportiva El Romeral de Castejón y la delegada sindical de la UGT denuncian la actitud del actual alcalde, que desde que llegó al cargo en 2015 “está empeñado en cerrar las piscinas, negándose a buscar soluciones, sin importarle dejar a doce familias en la calle” según reza el comunicado emitido por dicho sindicato.
La plantilla de las piscinas señala que “en el pasado pleno del Ayuntamiento, el alcalde no consiguió sus pretensiones por un solo voto, por lo que si llega a faltar algún concejal y el punto del Pleno presentado por el alcalde sale adelante, se hubiese producido un cierre definitivo de la piscina cubierta y un cierre indefinido del resto del complejo, lo que hubiera supuesto que los trabajadores y trabajadoras ya estaríamos en el paro”.
La UGT critica “la actitud intolerante del alcalde, que se ha negado sistemáticamente a recibir a la representación de la plantilla e incluso a responder a las preguntas de los grupos de la oposición sobre cuánto durará el cierre temporal y qué futuro les espera a los trabajadores”.
Los trabajadores del Romeral y la UGT se preguntan las razones de la insistencia del alcalde en buscar el cierre y si no será para no asumir las “innecesarias” indemnizaciones de los trabajadores de la actual plantilla, tal y como dijo en un pleno el 28 de julio de 2017.
Para la plantilla, “la situación actual todavía es más sangrante tratándose de un alcalde que se dice de izquierdas, pero que no está demostrando la más mínima sensibilidad social. Pensábamos que como vecino, como sindicalista de izquierdas que ha sido y como cabeza de las manifestaciones de Trenasa, tendría un poco de empatía con los trabajadores, pero sus actuaciones políticas demuestran que no tiene ninguna”.
Los trabajadores denuncian que el alcalde “lleva desde 2015 negándose a licitar la gestión del complejo, lo que hubiese evitado muchos de los problemas que se han producido. Precisamente esa negativa a sacar la nueva licitación es lo que ha provocado una sentencia judicial que obliga al Ayuntamiento a pagar el 100% de las pérdidas, por haberse negado a pagar el 40% que correspondía por contrato”.
Por último, la plantilla y la delegada sindical exigen al alcalde “que piense más en los vecinos que en sus propios intereses y que abandone su postura inmovilista sobre el cierre de las piscinas y empiece a trabajar en un pliego de licitación, como le pide la oposición municipal, que nos ayudaría a todos a salir de esta situación”.
