Aficionado y gran estudioso de la cultura y el floclore navarro (ayudó a la recuperación de los paloteados de la Ribera a través del grupo de danzas Ortzadar), Mikel Aranburu Urtasun (Pamplona, 1955) habla con una pausa sostenida pero con claridad manifiesta. Siempre apoyándose en sus mejores aliados, los números y los datos. “Hasta ahora la opinión pública ha sabido muy pocas cosas del convenio económico de Navarra con el Estado. Ahora queremos dar toda la información posible, que se conozcan las cuentas”, reivindica. Quizás por eso está teniendo estos días más trabajo de lo normal. El 31 de diciembre, anunció que Navarra pagaría solamente 60 millones del último trimestre de 2016. No 93 como pedían desde Madrid. Su departamento lo justifica con un estudio pormenorizado que arroja una conclusión clara: Navarra paga de más al Estado desde la parálisis política de 2016. “Nos tenemos que sentar con el ministerio a negociar y actualizar la aportación”, asegura.
¿Cuál es la explicación que dan desde el Departamento de Hacienda para justificar que Navarra está pagando de más?
Es muy sencilla. Nosotros nos basamos en un estudio riguroso que hemos realizado teniendo en cuenta los propios datos del Ministerio de Hacienda. El convenio se divide en quinquenios. El anterior quinquenio iba de 2010 a 2014. La base del año 2010 es de 480 millones, algo que no está lejos de lo que nosotros estamos diciendo ahora. Lo que dice el convenio es que mientras no se negocie la nueva aportación para el nuevo quinquenio, mientras no se actualice, se aplica el régimen provisional anterior. Y eso nos perjudica, porque va en función de los ingresos del Estado, tienes un porcentaje que te va subiendo la cuota y que no tiene ningún sentido. De 2010 a 2014 nos sube 100 millones, cuando ni los presupuestos ni las cargas asumidas han subido en ese porcentaje. No tiene fundamento.
¿Y cuál es la aportación que debería constar según los cálculos de la Hacienda Foral?
Insistiendo en que trabajamos con los propios datos del Ministerio de Hacienda, es una horquilla entre 390 y 480 millones, no los 600 y pico que nos piden desde Madrid.
¿A qué se debe esa oscilación?
Está calculada tras un análisis técnico y concienzudo de los presupuestos del Estado en 2015, desbrozando cada partida y teniendo en cuenta las variables, porque muchas veces una partida supone aportación unilateral, otras es mutua y ahí entran en juego los fundamentos jurídicos o las interpretaciones. Si todo va a nuestro favor, son 390; si es al contrario, son 480. De ahí la oscilación, porque es complicado hacer un cálculo exacto.
¿Por qué no se negoció esa actualización en 2015?
Por varias razones, principalmente por la parálisis política. En 2015 hubo cambios, fueron las elecciones en Navarra y también periodo preelectoral a nivel estatal. Y en 2016 ya hemos visto que ha sido un año de interinidad, con un gobierno en funciones. Reiteradamente les hemos emplazado a negociar, pero esa situación de interinidad lo ha condicionado. Así, se nos ha pasado todo 2016 sin negociar la aportación que deberíamos haber hecho a partir de 2015. Y esa no negociación, como digo, supone pagar 100 millones más por la actualización provisional. Para el ministerio puede ser poco, para Navarra es mucho dinero.
¿Era el anterior gobierno foral consciente de ese ‘pago de más’?
No lo sé. Imagino que la intuición de que se pagaba de más la tenían. Recuerdo que, aunque no tuviera ningún cargo en el ejecutivo con UPN, Jaime Ignacio del Burgo, que es poco sospechoso de apoyar al actual gobierno, publicó un artículo en el que hablaba de este tema.
¿Considera entonces que UPN realizó una mala gestión en lo que al convenio se refiere?
No sé si podría afirmar eso. Personalmente creo que en cada momento se ha negociado de la mejor manera posible. El convenio es un elemento un poco esotérico. Siempre hay unas negociaciones técnicas que luego derivan en los acuerdos correspondientes, pero llega un nivel más alto en el que las cosas se resuelven políticamente. Y ahí es muy importante la sintonía, que históricamente ha existido, entre el Estado y Navarra.
Y ahora, ¿existe la misma sintonía?
Menos que en otros años. No es nada nuevo que el gobierno del Estado y el de Navarra políticamente concuerdan menos ahora mismo. Pero eso no debería ser un impedimento para que haya concordancia en lo técnico y nos sentemos a negociar.
¿Fue dura la reacción por parte del Gobierno de España tras la última liquidación?
Publicaron un comunicado bastante duro, hablando de incumplimiento, pero la postura del ministerio, como ellos mismos nos dicen, es de no confrontación. Su argumento era que pagásemos los 93 millones porque era algo provisional, que ya regularizaríamos. Pero llega un momento en el que no tiene ningún sentido, es mucho dinero de más. Nosotros hemos utilizado el mismo argumento: si es provisional, ya regularizaremos. De hecho, todo este tema ha servido para que nos digan: “Tenemos que sentarnos a hablar”. Así que ha servido de algo. Este viernes 20 ya tenemos una reunión. Cuando llegaremos a un acuerdo, eso ya no lo puedo vaticinar.
Vista la situación, el convenio y sus vicisitudes parecen más una partida de mus que un acuerdo con los números sobre la mesa.
Es que es más una cuestión de aritmética. Lo que conlleva el convenio es una metodología de cálculo muy concreta: los números están claros de entrada. Pero, como digo, después entra el nivel político y ahí se mezclan muchas cosas. Por ejemplo, el tema de reivindicar competencias propias. En ese caso las cuentas cambian.
Es habitual escuchar que el sistema foral es injusto, insolidario con el resto de comunidades autónomas.
Siendo cierto que el régimen foral que compartimos con las diputaciones forales de la Comunidad Autónoma Vasca es el que más competencias nos da, por la soberanía tributaria, por la enorme competencia en materia de gasto, también es verdad que no es para nada un sistema insolidario con los demás. Al contrario. De hecho hay muchos aspectos que son injustos con Navarra en el convenio.
¿Por ejemplo?
Lo más caro de todo son los intereses de la deuda pública que tiene el Estado. El Estado tiene un billón de deuda en intereses que cada año cuesta miles de millones a las comunidades autónomas, también a los navarros, que concretamente aportamos el 1,6%.
Y esa es una deuda que no ha venido por inversiones en Navarra, sino casi siempre a financiar comunidades autónomas de régimen común. También aportamos a los fondos de solidaridad interterritorial.
Pero, ¿eso no es algo que hacen todas las comunidades autónomas?
Sí, y Navarra es solidaria. Eso se asume. Pero si lo analizamos, Navarra paga su propia deuda, porque el Estado no viene a pagar la deuda de Navarra, paga la aportación y paga los intereses de la deuda pública del Estado. Si a eso le sumamos lo que ya hemos comentado de las actualizaciones provisionales... lo que nosotros queremos es hacer las cuentas bien.
¿Y por qué se han mantenido estos estándares durante tantos años?
Es consecuencia de que el convenio data de 1990. Hace 26 años, la poca deuda pública del Estado se asumía como algo natural. Era para hacer carreteras, autopistas... Actualmente es un disparate total porque la deuda se ha disparado, ha servido para financiar Comunidades Autónomas -y no precisamente a Navarra- y para refinanciar la propia deuda. Está claro que habrá que revisar el convenio en ese sentido. ¿Por qué tenemos que pagar la deuda que no nos corresponde? Además el índice, que es del 1,6%, está calculado en base a la renta, cuando sería mucho más justo que ese cálculo se hiciera en base a la población. Hablaríamos de un 1,34%, una diferencia mínima en porcentaje pero altísima en dinero, como 500 millones más en 5 ó 10 años.
¿Por qué debería calcularse en función de la población?
Porque si se supone que pagamos en función de servicios como la Defensa o la representación diplomática, no tiene sentido. A mí o a cualquier ciudadano le defienden o le representan igual, sea más rico o más pobre. Calcularlo por población sería lo más lógico.
Habla de la financiación de las comunidades autónomas con régimen común. ¿Sería viable implantar un régimen similar al foral en todas ellas?
Yo no digo que mañana lo implanten en todos los sitios, pero se ha demostrado que el sistema vasco y el navarro han permitido una financiación con mucha más responsabilidad fiscal. Y también es unánimemente admitido que la financiación para el régimen común no ha funcionado.
Todo apunta a que el gobierno español tendrá que aumentar la presión fiscal. ¿Cree que Hacienda acabará subiendo el IVA, algo que también nos afecta?
Bruselas está pidiendo a España un esfuerzo fiscal. Es decir, o recortas gastos o subes ingresos. Recortar gastos, más aún teniendo en cuenta la deuda que atesora el Estado, va a ser muy difícil. Tarde o temprano tendrán que subir los impuestos. Ya ha habido un primer decreto en el que se han modificado los impuestos de sociedades, los del alcohol y el tabaco, etc. Seguramente les darán otro tirón de orejas y, a partir de ahí, una de las cosas de las que se está hablando es el IVA. Más que de subir los tipos, se está hablando de ampliar las bases imponibles o eliminar exenciones. Y, sobre todo, que los tipos reducidos pasen a tipo general y que los superreducidos se hagan reducidos.
¿Cuál es la situación actual de las arcas navarras?
Pese a que la economía va bien o tiende a ir mejor, es mala. Tenemos un endeudamiento muy alto que compromete más de 100 millones todos los años en intereses, quitando un mordisco muy importante al presupuesto y no permitiendo muchas alegrías. Otra cosa que también ha detectado Comptos es que en estos últimos años los gastos han subido más rápido que los ingresos.
¿Por una mala gestión anterior?
Probablemente se les fuera de las manos. Es cierto que UPN endeudó mucho a Navarra y no lo digo por puro trasfondo político. Los números cantan. En el año 2008 teníamos una deuda de unos 800 millones y cuando entramos en 2015 esa deuda ascendía a 3.500 millones. Y además, la caja, que tenía 1.200 milones de los que echaron mano, estaba en negativo.
¿Entiende las críticas a la reforma fiscal?
Ahí quizás hemos estado un poco flojos replicando. Pero lo hemos explicado hasta la saciedad y no es ninguna salvajada. Lo único que cambia es bajar el mínimo exento y volver a gravar los rendimientos de actividades empresariales a partir de 1 millón de euros. Precisamente es volver a la situación que acordaron en 2014 UPN, PPN y PSN. Quienes la critican son pocos pero hacen mucho ruido, repitiendo constantemente que Navarra va a ser un infierno fiscal. La fiscalidad tiende a la demagogia. Se ha dicho que en Navarra siempre se han pagado menos impuestos que en otros lugares, algo no del todo cierto.
