Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Tudela (Navarra) han detenido a un ciudadano español, funcionario del ayuntamiento de una localidad de la Ribera de Navarra y a catorce ciudadanos de nacionalidad marroquí, como presuntos autores de un delito de falsificación de documento público y favorecimiento a la inmigración ilegal.
Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de julio, cuando funcionarios de la Unidad de Extranjería y Fronteras de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Tudela (Navarra) detectaron en las últimas fechas un incremento de solicitudes de Permiso de Residencia y Trabajo presentados por ciudadanos marroquíes.
Del análisis de los expedientes instruidos se observó que uno de los documentos exigidos para su tramitación, concretamente el Certificado de Empadronamiento, en la mayoría de los casos estaba expedido por un ayuntamiento en concreto, cuya localidad no destaca precisamente por su gran población de ciudadanos de dicha nacionalidad.
Iniciadas las investigaciones, con la total y eficiente colaboración del ayuntamiento afectado, se pudo establecer que la expedición de referido certificado requería la previa inscripción vecinal, por un funcionario municipal encargado, por una parte en una base de datos informática y por otra de forma manual en un Libro de Registro diligenciado.
Por el cruce de datos llevado a cabo entre ambos registros, se apreció un desfase de 53 inscripciones, existentes en el sistema informático pero no en el manual. Igualmente se comprobó que los titulares de los asientos no habían residido en el municipio ya que no existía ningún expediente relativo a los mismos, por lo que la expedición del Certificado de Residencia se había expedido de manera “no oficial”.
Con dichos datos se centró la investigación en las personas que pudieran tener acceso al sistema informático municipal, determinándose que el posible autor de las inscripciones pudiera ser un empleado del citado ayuntamiento, actualmente jubilado, que frecuentaba su antiguo centro de trabajo y aprovechando la confianza depositada en él, utilizaba terminales informáticos con la excusa de realizar consultas personales en Internet.
Igualmente se pudo averiguar que las inscripciones realizadas fraudulentamente se llevaban a cabo a petición Y.R., un ciudadano marroquí con domicilio en una localidad cercana, que actuando de común acuerdo con el ex funcionario municipal era el encargado de contactar con ciudadanos de su nacionalidad, tanto en España como en Marruecos y previo pago de cantidades que pudieran llegar a 10.000 euros, ofrecía el certificado en cuestión. En dicha labor le auxiliaba o sustituía en su ausencia T.Z., su compañera sentimental y de su misma nacionalidad
Realizando un seguimiento de los referidos certificados, se ha podido detectar que 36 de los mismos han sido utilizados para documentar solicitudes de permiso de residencia y trabajo presentadas en unidades de extranjería de Soria, La Rioja, Bilbao, Barcelona, Alicante, Murcia y Las Palmas, por lo que se comunicaron los pormenores de la investigación al Servicio Central de Falsedades Documentales, desde donde se han coordinado las actuaciones a nivel nacional.
