El pleno del Parlamento de Navarra aprobó el pasado jueves, por unanimidad, una resolución por la que se insta al Gobierno foral a presentar, antes de diciembre de 2010, un plan de medidas aplicables para la conservación y mejora del ecosistema del río Queiles, así como los instrumentos normativos aplicables a tal fin. Éste deberá ser redactado en el marco del Plan Hidrológico de la Demarcación, en colaboración con la Conferderación Hidrográfica del Ebro y las Comunidades Autónomas interesadas.
Esta resolución sustituye así a la moción registrada por Nafarroa Bai en la que se argumentaba que “la construcción de la Casa de Cultura de Cascante choca con los postulados del Ministerio de Medio Ambiente, que plantea la restauración del dominio público hidráulico, en concreto de los ríos y sus riberas, como una tarea que debe abordarse por el conjunto de la sociedad, adoptando su aprovechamiento a los conceptos de sostenibilidad”. Ecologistas en Acción y la Fundación Nueva Cultura del Agua formaron parte de la mesa de trabajo solicitada por NA-BAI ya que ambas denunciaron la cosntrucción de dicho equipamiento en la margen derecha del río Queiles y la dejadez de la CHE. “Lamentablemente la Casa de Cultura va a seguir adelante, pero así se conseguirá proteger el río sobre futuras actuaciones”, explica Txetxu Barea, concejal del CIC de Cascante. A su vez reconocía que “nosotros no vamos en contra de la Casa de Cultura, ni del ayuntamiento, porque se han dado todos los pasos y se han dado los permisos. A quien acusamos es a la CHE, que aunque reconocía que era una zona inundable, dieron vía libre en su informe para la construcción”.
Más razones
El alcalde de la localidad, Antonio Irujo, indica que el proyecto “se ha llevado a todos los organismos pertinentes, incluso el tribunal desestimó un recurso que se había interpuesto. Nosotros también nos preocupamos por el río y hemos acatado la normativa”.
Además de tratarse de una zona inundable, desde CIC alegan que no se respeta la zona de servidumbre que establece el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, así como que la nueva directiva sobre inundaciones hace hincapié en minimizar los daños producidos por las avenidas, a través de medidas de regulación de usos del suelo en zonas inundables y recuperación del estado fluvial. Asimismo se aluden a razones económicas para estar en contra del proyecto ya que “al no encontrar terreno firme para la cimentación, estos gastos subirán considerablemente, aproximadamente medio millón de euros”.
