El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), ha dictado sentencia a un recurso interpuesto por la
Fundación Sustrai Erakuntza, con la colaboración del despacho jurídico Arankoa, dando la razón a Sustrai y
declarando de forma manifiesta “la inactividad de la Administración” en la solicitud de información
medioambiental sobre el proyecto del Tren de Alta Velocidad. El Tribunal ha puesto de manifiesto que el
Gobierno de Navarra ha incumplido la legislación al no permitir acceder a la información solicitada en su
día por Sustrai, e impedir el derecho a la participación pública en el proyecto del Tren de Alta Velocidad.
La pasada primavera se hizo público un anuncio que destrozaba en buena medida el macro-proyecto estrella
defendido por los sectores más conservadores en Navarra: el TAV (TAP) a su paso por Navarra quedaba
limitado al tramo Castejón - Comarca de Pamplona, y se sustituían los otros dos tramos por el llamado
tercer carril.
Este proyecto, cuestionado en su integridad por múltiples argumentos, quedaba en situación surrealista, al
plantearse exclusivamente para un tramo de escasos 65 km. con un derroche económico desorbitado. Así mismo, el pasado verano, las obras iniciadas en este tramo del Corredor Navarro de Alta Velocidad (TAV),
recibieron lo que desde un punto de vista racional debiera ser su punto y final: e l Tribunal Superior de
Justicia de Madrid dictó sentencia a un recurso interpuesto por la Fundación Sustrai Erakuntza, declarando
caducada y nula su Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
Las obras iniciadas y el proyecto del citado tramo no tienen ahora una DIA en vigor, y por lo tanto se están
ejecutando en situación de completa irregularidad. Razón por la cual este pasado noviembre Sustrai
Erakuntza solicitó la paralización de obras del TAV que se están llevando a cabo en la Ribera.
Ahora, en pleno otoño, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, añade un grado más de surrealismo a esta
obra, da la razón a la Fundación de Sustrai Erakuntza y pone de manifiesto que el Gobierno de Navarra no
ha respetado el derecho al acceso a la información sobre el proyecto del TAV que tenía y tiene cualquier
navarro o navarra. Derechos recogidos en la ley 27/2006 que regula e l acceso a la información ambienta l, ley
que traspone la legislación europea entorno al Convenio de Aarhus.
