Distinguido señor, don Roberto Jiménez Alli, secretario general del PSN:
El martes día, 9 de abril de 2013, leí que usted, entre otras ideas, había declarado o expuesto esta: “Las remuneraciones de Caja Navarra estaban perfectamente regladas y yo estaba en un órgano perfectamente reglado”.
Convendrá conmigo, al menos, en esto, en que tiene la consideración de legal toda norma que se dictó de acuerdo con las pautas que se fijaron para su creación. Porque lo cierto es que disentimos en varios puntos. Verbigracia, donde usted ve remuneraciones “perfectamente regladas”, advierto, con claridad meridiana, que las tales fueron “imperfectamente regladas” y, asimismo, donde usted percibe “un órgano perfectamente reglado”, con cristalina evidencia, observo “un órgano imperfectamente reglado”.
Según su tercera acepción, el DRAE define el vocablo “ley” así: “Precepto dictado por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados”. En el caso que nos atañe en lo que reparo es, exactamente, en lo contrario u opuesto, en el “para el perjuicio de los gobernados” (o, si lo prefiere, para el beneficio exclusivo de los perceptores).
Si la justicia es, desde Domicio Ulpiano ("Iuris praecepta haec sunt: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere” —“Estos son los mandatos del derecho: vivir honradamente, no molestar al otro, dar a cada cual lo suyo”—), el arte de dar a cada quien lo que le corresponde de acuerdo con sus méritos, la ley que logre tal fin será justa. Ahora bien, como la opinión sobre qué es lo suyo y el parecer sobre cuáles son los méritos de cada uno tienen contenido opinable, rebatible, suele ocurrir o darse el caso de que determinadas leyes que en un momento dado fueron consideradas, por la opinión pública y la publicada, ecuánimes, justas, transcurrido cierto tiempo, las mismas devinieron torticeras, inicuas.
Las normas tienden a (y tienen que) ser justas, pero, como las valoraciones que se hacen de su aplicación y ecuanimidad las hacen personas, que son, precisamente, quienes las crean, redactan y aplican, puede suceder también que, al mismo tiempo, una ley sea considerada por unos justa y por otros injusta, ya que cada quien establece o tiene su propia escala de valores, que quizá coincida, básica y hasta íntegramente, con la de otros o discrepar en diversos aspectos, matices o puntos.
Sin ánimo de molestar, tengo para mí que concluir que algo es legal es una labor relativamente fácil y sencilla, porque hay criterios que fijan pautas objetivas para poder determinarlo. Legal es lo reglado, lo reglamentado. Empero, decidir que algo es justo es un negocio más peliagudo, porque el significado de justicia (en el que influyen o intervienen factores éticos, estéticos, morales,...) varía según la persona que lo exprese.
Proverbialmente, se dice que la mujer del César no sólo debe ser honesta, sino parecerlo. Por analogía, cabe y debería extenderse dicha consideración o principio entre nuestros representantes políticos.
De todas las luces cuya opinión he pulsado a propósito del asunto en cuestión, el grueso de las mismas, la inmensa mayoría, coinciden conmigo en que lo de las triples dietas de la CAN (que se cobrara, si no entendí mal, por partida triple, por la triple inasistencia a las reuniones de la Junta de Entidades Fundadoras ya es el colmo —está claro que no fue un atraco a mano armada, pero no que no lo fuera a mano alargada o alzada; y es que cabe preguntarse con qué objeto se montó así el tinglado, porque lo que me consta y veo cristalino es que la CAN, tras recibir tantos golpes de los “hunos” en la cara, tantos golpes de los “hotros” en el hígado, acabó K. O.— de los colmos) es asunto moralmente inaceptable.
Espera haberle sido de alguna ayuda o utilidad quien queda a su entera disposición (siempre que lo dispuesto sea, además de legal, ética y estéticamente irreprochable)
